29 de octubre de 2008


Pilatos se lava las manos..?



Por Koestler


Con gran despliegue el Presidente Uribe anuncia una severa purga en el ejército. Generales, coroneles, mayores, capitanes, etc. Y apenas empieza. En la "Casa de Nari" por fin descubrieron lo que todo mundo sabía: que las fuerzas armadas cometían gran cantidad de violaciones a los derechos humanos. Llegó la hora de lavarse las manos y dejar en otros las responsabilidades.

Pero la verdad política es otra. Y el análisis es diferente. En primer lugar, ni la gran prensa ni el gobierno, y menos los políticos del uribismo tienen derecho a decir que no estaban informados. Las denuncias fueron no sólo innumerables sino que costaron muchas vidas. Los valientes —que los hay en esta dolorida patria donde la mayoría nos escondemos cobardemente— que se atrevieron a denunciar o reposan en los cementerios o están desaparecidos o se hallan asilados. Esa es una dura verdad.

El primer gran perseguidor de aquellos que se atrevieron a denunciar los hechos  fue quien precisamente tenía la obligación de defender a las víctimas, y se llama ÁLVARO URIBE VÉLEZ. ¿Acaso no recuerda los banquetes de desagravios a los promotores de limpieza social en Urabá, al "procer" Rito Alejo del Río y sus colaboradores? ¿Olvidan acaso en la casa de Nari las acusaciones de terroristas contra aquellos que alertaron sobre la masacre?


Pilatos se lava...

El cinismo oficial —en boca del "perínclito" ideólogo José Obbulio Gaviria— llegó hasta a afirmar que en este país no existes desplazados sino turistas, y que los muertos son simples personas que se esconden para desprestigiar la Estado. La gran mentira nacional fue acuñada desde la "Casa de Nari" y coreada por la gran prensa: radio, televisión, diarios y revistas, con plumíferos a sueldo que calumniaban y mixtificaban la realidad para ocultar el gran crimen nacional.

Es de tales dimensiones el escándalo, que el gobierno sale a levantar una cortina de humo con una investigación que tapará la realidad. La de los orígenes de la tragedia que hoy se usa para mostrar ante el mundo una situación distinta a la verdadera. No nos llamemos a engaños. De mucho podrán jactarse en la "Casa de Nari", menos de que son defensores de los derechos humanos. 

En segundo lugar, estos crímenes son productos de una política oficial. La de exigir "resultados" y someter a la oficialidad y la tropa a una presión insostenible en aras de exterminar la guerrilla y aplastar las luchas populares. Y el gestor de dicha política es el Presidente de la República.  Fue una decisión política avalada por sus corifeos y su ministro de guerra, el Dr. Juan Manuel Santos, en cuyo desarrollo se implementaros políticas, normas, tácticas y una estrategia de arrasar con todo lo que se les opusiera.

Los ejércitos son máquinas de guerra. Sus hombres son entrenados en nuestro país para "matar", para "destruir al enemigo", para "aniquilarlo". Basta no más con observar la forma como se entrenan a los soldados lavándoles el cerebro con las frases de matar, aniquilar, exterminar a los enemigos de la patria, etc. Y eso es responsabilidad política del gobierno nacional. Les dan órdenes de matar y cumplen con ellas. Si el Presidente cataloga a cualquier ciudadano como terrorista o enemigo de la patria, por diferir de su pensamiento, esa es una orden de aniquilar para una máquina de guerra. Es inevitable.

De alli que nos atrevemos a calificar como primer gran culpable de esta hecatombe moral, de este crimen de Estado al alto gobierno, y en él, como su primera cabeza, al Presidente. No hay otra conclusión. 



No exculpamos a los militares por sus crímenes, por su indolencia en el control o por el desorden en la guerra. Pero nos indigna que quieran ponerlos a ellos de cabeza de turco para que los mayores culpables, los deteminantes políticos puedan seguir orondos y tranquilos ante la certeza de que otros ya pagaron por sus decisiones. Ahí no puede quedar el ejercicio de "limpieza" del ejército. Esa es una felonía.

Así como se sanciona a los jefes de las guerrillas por los crímenes que cometen sus hombres, como en el caso de Machuca, igualmente el jefe de Estado, el presidente Uribe, debe responder civil y penalmente por los actos de "sus muchachos". Lo demás es hipocresía. Y con él su ministro Santos y demás autores intelectuales. Porque el problema no van a ser cien o doscientos jóvenes asesinados. Pueden superar el millar, y más, si se analiza que igualmente muchos de los asesinatos que se han hecho pasar como de la guerrilla pueden tener el mismo origen. Porque si en unos casos se actuó por necesidades militares, en otros se hizo en la guerra por la tierra.

En aras de la brevedad, suspendo aquí esta nota. La próxima ahondará en otros aspectos, como los de los carteles de las drogas, paramilitarismo, cultivos tecnificados de palma africana, etc.

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