Por Helena Villamizar García-Herreros
“La seguridad democrática” del mandato ilegítimo
“No todo lo que brilla es oro”. Eso ha ocurrido con la “confianza inversionista” y “la seguridad democrática” leitmotiv del gobierno Uribe.
Pese a su avasallante publicidad, cada día se revelan más oscuros resultados. Bajo la “seguridad democrática” recursos y armas del Estado fueron utilizados para asesinar cerca de 1800 jóvenes, presentados por el gobierno como logros contra la guerrilla, y calificados como “crimen de Estado” por Philip Alston relator especial de la ONU. Por su parte, según cifras del Codhes y de la Conferencia Episcopal, más de 3,8 millones de colombianos han sido desplazados, la mayoría de ellos bajo el gobierno Uribe; según estudio realizado por Ana María Ibáñez durante 2002-2007 un promedio anual de 266.635, y en 2008, según Amnistía Internacional, 380.000 personas, el mayor desplazamiento forzado en 20 años.
Tan exorbitantes magnitudes distan mucho de reflejar seguridad para estas poblaciones víctimas y, menos aún la negligencia oficial que determinó varias amonestaciones de la Corte Constitucional. Agudo contraste con la eficiencia en asignar ingentes regalos para ricos donantes a las campañas del presidente y el ex ministro Arias en Agro Ingreso Seguro.
Tan graves han sido las falencias de “la seguridad democrática” en proteger la vida y la honra de sindicalistas y líderes de derechos humanos, que el Congreso de Estados Unidos se ha abstenido de aprobar el TLC y el Parlamento Europeo acaba de recomendar igual postura frente al TLC con Europa. Bajo el singular concepto de “seguridad democrática” la Corte Suprema de Justicia ha sido perseguida y el derecho a la intimidad de sus miembros así como de opositores ha sido repetidamente violado. Recursos del Estado también han sido utilizados para perseguir inocentes, desde humildes ciudadanos extraditados, hasta altos servidores del Estado como el almirante Gabriel Arango Bacci, para cuyo abogado acusador el ministro de Defensa Juan Manuel Santos comedidamente autorizó $220 millones. Gracias a sus buenos oficios el almirante, inocente, fue encarcelado. No es el único caso en que el gobierno acusa a inocentes; el propio presidente divulgó las calumnias contra el magistrado Iván Velásquez en el oscuro episodio de “Tasmania” y contra los jóvenes de Soacha víctimas de “falsos positivos”, afirmando que no habían viajado propiamente “a recolectar café”.
La “seguridad democrática” ha respondido a los anhelos y servicios prestados a la patria por humildes colombianos con el total abandono e irrespeto por su vida y dignidad. Prueba de ello son los obstáculos presidenciales a la anunciada liberación de los cabos Moncayo y Calvo. Si bien contra la guerrilla ha habido resultados, con el paramilitarismo la situación es otra. “Más de seis años después, los grupos paramilitares siguen actuando, y a sus víctimas se les siguen negando justicia, verdad y reparación", dice Amnistía Internacional (El Tiempo 16/7/09). Y los líderes de desplazados que se atreven a denunciar son asesinados sin que la “seguridad democrática” sepa cómo protegerlos.
Al parecer han sido tan malos los resultados del mandato de la seguridad democrática” que con el pretexto de derrotar la guerrilla y el narcotráfico Uribe Vélez firmó un tratado con Estados Unidos para autorizarle por lo menos siete bases militares en Colombia. Otra muestra más de la cadena de ilegitimidades a las que tiene sometido al país. Este tratado ilegal constituye una grave amenaza en primer lugar para los colombianos e igualmente para Latinoamérica. Las explicaciones de Uribe Vélez en la reunión de Unasur frente a las reservas presentadas por otros países respecto a un documento que recomendaba estas bases como estratégicas para misiones militares de largo alcance geográfico, aduciendo que se trataba de un “libro blanco" o documento privado, han sido desvirtuadas por un documento oficial del Departamento de la Fuerza Aérea del Departamento de Defensa de Estados Unidos. “Department of the Air Force.Military construction program fiscal year 2010” Según éste: “La fuerte relación de cooperación en seguridad también ofrece una oportunidad para conducir operaciones de espectro completo por toda Suramérica, incluyendo el apoyo para las capacidades de combatir el narcotráfico.” 1/. Como dice Eva Golinger deja al narcotráfico como un asunto secundario. Dicho documento además devela que entre sus fines está combatir “la amenaza constante…de los gobiernos anti-estadounidenses”1/
Diversos analistas han examinado el alcance y los graves riesgos para Colombia de esta entrega de soberanía. En “Una guerra ajena”, (El Tiempo 17/11/09) Pedro Medellín advierte sobre los riesgos que comportan los enfrentamiento entre Colombia y Venezuela a raíz de dichas bases, dados los intereses que se mueven en la geopolítica mundial. Según él no se puede frivolizar las amenazas de Chávez cuando “se ponen en el contexto del enfrentamiento entre Irán e Israel”. Por su parte José Fernando Isaza recuerda la historia de otros tratados con Estados Unidos y en particular el firmado en 1870, el cual “da una nueva garantía a los Estados Unidos de Colombia conservará su soberanía política y jurisdicción sobre el canal y territorio adyacente…. Todos sabemos el final de la historia, durante la vigencia de ese tratado. Estados Unidos propició y estimuló la desmembración de Colombia y convirtió el tratado en papel mojado” (El Espectador 19/11/09).
Los resultados de la “seguridad democrática” y de la confianza inversionista del Gobierno Uribe han sido desastrosos para Colombia. Los verdaderos “asegurados” han sido sus ricos amigos y donantes a su campaña y los intereses foráneos. La impronta de su gobierno de que el fin justifica los medios ha tenido elevadísimos e imponderables costos para los colombianos. Si bien hoy los desmanes y agresiones de Hugo Chávez permiten a Uribe esconder ante la opinión pública su oprobiosa actuación, no logrará ocultar ante la historia su inmensa responsabilidad en el rompimiento de la Comunidad Andina de naciones y en los riesgos a los que ha conducido a Colombia, violando flagrantemente la Constitución y las leyes. Esta es la verdadera “seguridad democrática” del mandato nacido del cohecho y la ilegitimidad que en una cadena de ilegalidades desconoce la Constitución y hasta nuestra propia historia, olvidándose de Panamá.
1/ Eva Golinger, http://www.centrodealerta.org, 5/11/09
Tomado de El Nuevo Siglo, 22/11/2009
http://www.elespectador.com/alvaro-uribe/imagen-los-pobres-abundan21 Nov 2009 - 11:59 pm
Uno no se explica…
En vez de aprovechar la coyuntura favorable en los mercados internacionales, el Ministerio de Transporte puso todo tipo de obstáculos a la inversión extranjera en el sector, obstáculos que sólo hasta ahora se están desmontando por orden expresa del Gobierno.
— Uno no se explica cómo durante siete años el Ministerio de Transporte privilegió las vías terciarias, en abierta contraposición con las grandes arterias de la competitividad. Para ejemplo, un botón: en el primer Consejo Comunal del presidente Uribe, el alto Gobierno se comprometió a hacer la doble calzada de Bogotá a Sogamoso, y hoy, siete años y medio más tarde, sólo el 40% de dicha autopista está terminado.
— Uno no se explica cómo se mantiene a los altos responsables en sus cargos después de escándalos tan sonados cómo aquel del Inco y del Runt. (En lo que lleva Gallego como Ministro de Transporte, el Inco ha tenido ocho directores diferentes, mientras que el Invías ha tenido siete). El mismo ministro Gallego anuncia que en el Runt habrá “tres meses más de vagamunderías”, como si siete largos años de “vagamunderías” no fueran suficientes.
— Uno no se explica cómo se permite al adjudicatario de una licitación vender a un tercero esta licitación. Se asume que una licitación se adjudica a una firma porque cumple una serie de requisitos cualitativos y cuantitativos. Si es política del Ministerio de Transporte permitir que las concesiones pasen de mano en mano, cuando les venga en gana y sin revisar los requisitos nuevos dueños, ¿entonces para qué las licitaciones?
— Uno no se explica cómo el Gobierno sigue adjudicando contratos especializados a firmas que demuestran que no tienen la más mínima experiencia en el campo, pero contrario sensu sí tienen excelentes conexiones con la administración; y a empresas que tienen demandas millonarias del Estado contra ellas, y de ellas contra el Estado, firmas que una y otra vez han demostrado incapacidad para cumplir tanto con los plazos, como con otras cláusulas de los contratos.
— Uno no se explica por qué, a siete años largos de la administración de Andrés Uriel, una tractomula haga el recorrido de Bogotá a Buenaventura (la principal arteria para la competitividad del país) en 23 horas, cuando en 2002 lo hacía en 20 horas.
— Uno no se explica por qué los colombianos tenemos que pagar unos de los peajes más caros del mundo por transitar en carreteras de segundo y tercer nivel, casi en su totalidad de sólo dos carriles. Ningún país del mundo tiene las desfachatez de cobrar peajes abusivos en carreteras inferiores.
— Uno no se explica cómo, si hace seis años se terminó la adecuación del Ferrocarril del Pacífico, hoy sólo circula por esa vía férrea de vez en cuando un tren fantasma. Tampoco se explica cómo se mantiene la trocha angosta, donde el material rodante se dejó de fabricar en el mundo.
— Uno no se explica cómo, existiendo desde hace cerca de treinta años la tecnología de recolección automática de peajes, el Ministerio de Transporte pretenda que es una asombrosa novedad que se instalen cuatro peajes automáticos en Antioquia.
— Uno no se explica por qué el Ministerio de Transporte sigue sin acatar la ley 1239 que delegó en esa cartera la responsabilidad de acometer la debida regulación y señalización, entre otras, de los nuevos límites de velocidad en las carreteras nacionales. Las democracias requieren que los súbditos obedezcan a sus gobernantes, y que los gobernantes obedezcan las leyes. Desobedecer la ley, cómo alevosamente lo está haciendo el Ministerio de Transporte, más que un desacato injustificado, es una imbecilidad.
Otros temas importantes para analizar, relacionados con estos posts.
Sobre el fracaso de la agricultura: http://www.elespectador.com/columna173419-el-fracaso-agricola
Sobre las trapacerías del DAS y otras cosillas: http://www.elespectador.com/columna173469-esa-mujer
Sobre la Venta de Ecopetrol: http://www.elespectador.com/columna173476-ecopetrol-venta
No hay comentarios:
Publicar un comentario