11 de febrero de 2010

Los fracasados tres pilares del mandato Uribe




Por Helena Villamizar García-Herreros




En los últimos días la credibilidad en el discurso oficial ha hecho agua. Los propios anuncios del gobierno sobre sus políticas “sociales” y de “seguridad” dejaron al desnudo cuánto de simple retórica caracteriza a sus tres publicitados pilares: seguridad, cohesión social y confianza inversionista.

La insólita propuesta presidencial de involucrar a los estudiantes con la delincuencia convirtiéndolos en informantes pagos, aparte de sugerir motivaciones poco democráticas de un gobierno que ha mostrado sus destrezas en perseguir y espiar a opositores, sindicalistas y a la justicia, revela el rotundo fracaso del pregonado gran cimiento de su mandato de “seguridad democrática” en las ciudades. Tan precaria ha sido la confianza, tan pobres las certidumbres vitales que viven muchísimos colombianos, que las madres de Soacha, a quienes se debería estar protegiendo y reparando por ser víctimas de atroces delitos de Estado, están viviendo bajo la amenaza. “En Soacha llueven los panfletos, la amenaza y el miedo” denuncia Gloria Arias Nieto. (El Nuevos Siglo 29-1-2010). Para estas madres no existe la investigación expedita del Estado sobre la procedencia de las amenazas, menos aún se solicita la colaboración del FBI, pronta y eficazmente utilizada ante amenazas que, aún cuando censurables eran muy poco creíbles, de un estudiante al hijo del presidente. El estudiante está en prisión mientras las madres de Soacha viven bajo el terror de quienes segaron la vida de sus hijos y por tanto sus amenazas sí son creíbles. Como eran creíbles las amenazas a sindicalistas y representantes de víctimas que fueron asesinados, o la de periodistas como Fernando Garavito, por cuyas denuncias tuvo que exiliarse. Para ellos el gobierno no reclama la colaboración del FBI. Y sobre la seguridad en el campo, la propaganda oficial no logra tapar la vergonzosas llaga de los millones de desplazados. El presidente de Codhes ha revelado que entre 2002 y 2009 hubo 2,4 millones de desplazados en Colombia, ¡49% del total de desplazados en los últimos 25 años! Que la “seguridad democrática” es parcial, fragmentaria y no cubre todos los actores violentos es claro, como revela la denuncia del director de Human Rights Watch. José Miguel Vivanco; los herederos de los paramilitares actúan en 24 departamentos bajo una actitud pasiva del gobierno, y contribuyeron al incremento del desplazamiento forzado entre 2004 y 2007.

Si en los terrenos de “la seguridad democrática” y de “la cohesión social” el fracaso es indudable, en el de “la confianza inversionista”, sus pregonados éxitos son sólo otro gran “falso positivo”. Una muestra inequívoca es el Programa Agro Ingreso Seguro que sirvió para asegurarle jugosos ingresos a amigos del gobierno; la agricultura en cambio entre 2002 y 2008 presentó un bajo crecimiento mientras las importaciones de alimentos aumentaban de 6 a 10 millones de toneladas.

Los reales beneficios de las generosas gabelas y exenciones tributarias han sido seriamente cuestionadas por reconocidos analistas. El gobierno intenta justificarlas como generadoras de empleo, pero como demostró Horacio Ayala, la deducción por adquisición de activos productivos que representó $10 billones entre 2004 y 2008, no guarda relación alguna con dicho propósito. La minería y petróleo, principales perceptores de dicho beneficio (30%), son los de más baja generación de empleo junto con el sector energía. Una investigación del Instituto de Estudios fiscales de Madrid citado por Ayala, revela que entre 1990 y 2005 Colombia presentó la menor tributación con relación al PIB en recursos naturales no renovables entres seis países latinoamericanos estudiados. ¿Qué intereses llevan a favorecer tanto estos sectores que representan verdaderos enclaves en Colombia? ¿Por qué cada vez más pródigos con los inversionistas extranjeros en un país con tantas necesidades y una crisis humanitaria de las peores del mundo sin atender? La respuesta es obvia. Las prioridades del gobierno están muy lejos de coincidir con las de la mayoría de los colombianos. Poco interesa que estas inversiones no generen crecimiento y mucho menos empleo

El pobrísimo vínculo entre inversión extranjera directa -IED- y crecimiento se evidenció en los dos últimos años. En 2008 ingresó el mayor flujo de IED en la historia: US10.583 millones y en 2009 hasta septiembre de 6.446 millones, lo que coincidió con la caída estrepitosa del PIB de 7,6% en 2005 a 2,4 en 2008 y -0,2 a septiembre de 2009, obviamente influenciada por la crisis mundial. Quedó manifiesto que el crecimiento previo se debió fundamentalmente a factores exógenos y no al influjo poderoso de la “confianza inversionista” y de la IED. Tampoco los jugosos regalos contribuyeron a generar empleo pero sí al déficit fiscal; Colombia en efecto presentó el subcampeonato en tasa de desempleo en América Latina y el mayor déficit fiscal de la región -3,3% del PIB frente a 0,1 % en promedio regional- entre 2005-2007, años caracterizados por elevado crecimiento.

Diversos indicadores ilustran además la cuestionable calidad de la IED de los últimos años y su pobre aporte a la economía. El pasivo por IED más que se cuadruplicó entre 2002- sept. de 2009 al pasar de US$ 18032 a US $ 73.581 sin que se observen sus milagros sobre el crecimiento, en cambio sí en la extracción de recursos a la economía y en filtraciones al ingreso. Tanto la relación de utilidades y dividendos sobre los flujos de IED como las utilidades sobre las exportaciones del país o la relación de estas utilidades frente al déficit corriente revelan una pronunciada tendencia creciente que debería motivar serias reflexiones sobre una política de incentivos perversos que además están aumentando considerablemente la vulnerabilidad externa del país.

Un examen más allá de los titulares de los grandes medios afectos al gobierno revela cuán lejos está la mayoría de los colombianos, especialmente los más pobres de disfrutar de una “seguridad democrática” y cuán perniciosas han sido las políticas de “confianza inversionista”. Estas ahorran muchos impuestos a las trasnacionales y mayores capitales del país pero comportan el imperativo de más impuestos regresivos para los colombianos y privaciones de derechos fundamentales como se está viendo con la lesiva reforma a la salud.



Nota: las cursivas y coloraciones de textos son nuestros.

Tomado de El Nuevo Siglo, 9 de febrero de 2010

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