12 de febrero de 2010

Mamerías

viernes 12 de febrero de 2010






Por Acidonitrix


Las desgracias de Cambio Radical

Es cierto que la organización del Dr. Vargas Lleras no es de mis afectos... pero da lástima ver cómo la imagen de esta importante organización política se ve deslucida por la asociación de su nombre con el pésimo desempeño de la administración de Lebrija.

Indudablemente el gran perjudicado será Bernabé Celis Carrillo, el Senador, quien si bien es cierto tampoco hizo méritos para abonar a su cauda electoral la elevada votación que surgió en la elección de la Dra. Sonia Serrano como alcaldesa, ahora pagará caro su vacilación ante la actitud de la alcaldesa en el plano político, su ejecutoria administrativa y su trato a los ciudadanos.

Y, ay, que le harán falta esos votos a Bernabé y a su partido.


Y las del Dr. Uribe...

Acostumbrado a que con su hablado santurrón podía escatimar la verdad de las cosas y mistificar sus verdaderas intenciones, ahora pretende hacer creer a los ciudadanos que lo de la Emergencia social es sólo un problema de redacción. De malos redactores.

Al contrario, el asunto es de intención de fines protervos, de su espíritu insaciable de riqueza y del favorecimiento más descarado a los monopolios del país.

¿Por qué rebaja en impuestos a los grandes monopolios, con su cantinela de la "confianza inversionista" una suma anual cercana a los 5 billones de pesos y no piensa en cobrar tales impuestos para arreglar los asuntos de la salud?

¿Y que pasa con los más de 5 billones anuales que se van por las alcantarillas de la corrupción del régimen uribista?

¿No es más productivo para el país usar los recursos de una guerra imbécil en el desarrollo y en crear las condiciones de promoción social que le quiten el sustento a los grupos de violencia?

Si eliminar, detener o neutralizar un guerrillero le cuesta al país la enorme cifra de cinco mil millones de pesos ($5.000.000.000.oo) --más que el presupuesto de un municipio como Lebrija--, ¿no es más útil dedicarlo a la educación, el desarrollo productivo del campo (ojo, no confundir con los robos de AIS, o mejor, Arias Ingreso Seguro), a la salud, y así quitar el piso a la delincuencia?

Creo que existen muchos otros comentarios, pero por ahora es suficiente.

11 de febrero de 2010

Los fracasados tres pilares del mandato Uribe




Por Helena Villamizar García-Herreros




En los últimos días la credibilidad en el discurso oficial ha hecho agua. Los propios anuncios del gobierno sobre sus políticas “sociales” y de “seguridad” dejaron al desnudo cuánto de simple retórica caracteriza a sus tres publicitados pilares: seguridad, cohesión social y confianza inversionista.

La insólita propuesta presidencial de involucrar a los estudiantes con la delincuencia convirtiéndolos en informantes pagos, aparte de sugerir motivaciones poco democráticas de un gobierno que ha mostrado sus destrezas en perseguir y espiar a opositores, sindicalistas y a la justicia, revela el rotundo fracaso del pregonado gran cimiento de su mandato de “seguridad democrática” en las ciudades. Tan precaria ha sido la confianza, tan pobres las certidumbres vitales que viven muchísimos colombianos, que las madres de Soacha, a quienes se debería estar protegiendo y reparando por ser víctimas de atroces delitos de Estado, están viviendo bajo la amenaza. “En Soacha llueven los panfletos, la amenaza y el miedo” denuncia Gloria Arias Nieto. (El Nuevos Siglo 29-1-2010). Para estas madres no existe la investigación expedita del Estado sobre la procedencia de las amenazas, menos aún se solicita la colaboración del FBI, pronta y eficazmente utilizada ante amenazas que, aún cuando censurables eran muy poco creíbles, de un estudiante al hijo del presidente. El estudiante está en prisión mientras las madres de Soacha viven bajo el terror de quienes segaron la vida de sus hijos y por tanto sus amenazas sí son creíbles. Como eran creíbles las amenazas a sindicalistas y representantes de víctimas que fueron asesinados, o la de periodistas como Fernando Garavito, por cuyas denuncias tuvo que exiliarse. Para ellos el gobierno no reclama la colaboración del FBI. Y sobre la seguridad en el campo, la propaganda oficial no logra tapar la vergonzosas llaga de los millones de desplazados. El presidente de Codhes ha revelado que entre 2002 y 2009 hubo 2,4 millones de desplazados en Colombia, ¡49% del total de desplazados en los últimos 25 años! Que la “seguridad democrática” es parcial, fragmentaria y no cubre todos los actores violentos es claro, como revela la denuncia del director de Human Rights Watch. José Miguel Vivanco; los herederos de los paramilitares actúan en 24 departamentos bajo una actitud pasiva del gobierno, y contribuyeron al incremento del desplazamiento forzado entre 2004 y 2007.

Si en los terrenos de “la seguridad democrática” y de “la cohesión social” el fracaso es indudable, en el de “la confianza inversionista”, sus pregonados éxitos son sólo otro gran “falso positivo”. Una muestra inequívoca es el Programa Agro Ingreso Seguro que sirvió para asegurarle jugosos ingresos a amigos del gobierno; la agricultura en cambio entre 2002 y 2008 presentó un bajo crecimiento mientras las importaciones de alimentos aumentaban de 6 a 10 millones de toneladas.

Los reales beneficios de las generosas gabelas y exenciones tributarias han sido seriamente cuestionadas por reconocidos analistas. El gobierno intenta justificarlas como generadoras de empleo, pero como demostró Horacio Ayala, la deducción por adquisición de activos productivos que representó $10 billones entre 2004 y 2008, no guarda relación alguna con dicho propósito. La minería y petróleo, principales perceptores de dicho beneficio (30%), son los de más baja generación de empleo junto con el sector energía. Una investigación del Instituto de Estudios fiscales de Madrid citado por Ayala, revela que entre 1990 y 2005 Colombia presentó la menor tributación con relación al PIB en recursos naturales no renovables entres seis países latinoamericanos estudiados. ¿Qué intereses llevan a favorecer tanto estos sectores que representan verdaderos enclaves en Colombia? ¿Por qué cada vez más pródigos con los inversionistas extranjeros en un país con tantas necesidades y una crisis humanitaria de las peores del mundo sin atender? La respuesta es obvia. Las prioridades del gobierno están muy lejos de coincidir con las de la mayoría de los colombianos. Poco interesa que estas inversiones no generen crecimiento y mucho menos empleo

El pobrísimo vínculo entre inversión extranjera directa -IED- y crecimiento se evidenció en los dos últimos años. En 2008 ingresó el mayor flujo de IED en la historia: US10.583 millones y en 2009 hasta septiembre de 6.446 millones, lo que coincidió con la caída estrepitosa del PIB de 7,6% en 2005 a 2,4 en 2008 y -0,2 a septiembre de 2009, obviamente influenciada por la crisis mundial. Quedó manifiesto que el crecimiento previo se debió fundamentalmente a factores exógenos y no al influjo poderoso de la “confianza inversionista” y de la IED. Tampoco los jugosos regalos contribuyeron a generar empleo pero sí al déficit fiscal; Colombia en efecto presentó el subcampeonato en tasa de desempleo en América Latina y el mayor déficit fiscal de la región -3,3% del PIB frente a 0,1 % en promedio regional- entre 2005-2007, años caracterizados por elevado crecimiento.

Diversos indicadores ilustran además la cuestionable calidad de la IED de los últimos años y su pobre aporte a la economía. El pasivo por IED más que se cuadruplicó entre 2002- sept. de 2009 al pasar de US$ 18032 a US $ 73.581 sin que se observen sus milagros sobre el crecimiento, en cambio sí en la extracción de recursos a la economía y en filtraciones al ingreso. Tanto la relación de utilidades y dividendos sobre los flujos de IED como las utilidades sobre las exportaciones del país o la relación de estas utilidades frente al déficit corriente revelan una pronunciada tendencia creciente que debería motivar serias reflexiones sobre una política de incentivos perversos que además están aumentando considerablemente la vulnerabilidad externa del país.

Un examen más allá de los titulares de los grandes medios afectos al gobierno revela cuán lejos está la mayoría de los colombianos, especialmente los más pobres de disfrutar de una “seguridad democrática” y cuán perniciosas han sido las políticas de “confianza inversionista”. Estas ahorran muchos impuestos a las trasnacionales y mayores capitales del país pero comportan el imperativo de más impuestos regresivos para los colombianos y privaciones de derechos fundamentales como se está viendo con la lesiva reforma a la salud.



Nota: las cursivas y coloraciones de textos son nuestros.

Tomado de El Nuevo Siglo, 9 de febrero de 2010

9 de febrero de 2010

Los "paganinis" del uribismo



¿Quién paga por la salud?



Por: JUAN CAMILO RESTREPO




DESDE cuando a principios del siglo XX Edwin R. Seligman (el gran profesor de finazas públicas de la Universidad de Columbia, de quien fuera discípulo Don Esteban Jaramillo) escribió su célebre libro Teoría de la repercusión y de la incidencia del impuesto, la pregunta -aparentemente paradójica- con que se titula este articulo ocupa lugar fundamental en las discusiones serias de política fiscal en todo el mundo.

¿Quién paga a la postre los impuestos? ¿El que formalmente los cancela al fisco? ¿O aquellos a quienes éste último los traslada? ¿Qué tributos pueden trasladarse más fácilmente? ¿Los indirectos como el IVA, o los de naturaleza directa como el impuesto a la renta?

La discusión es larga y apasionante. Pero un consenso académico relativamente extenso se ha abierto camino: los impuestos indirectos los termina pagando el consumidor así se le cobren formalmente al productor, pues este último los repercute -vía incrementos de precios- sobre los primeros. Al paso que los impuestos directos más difícilmente se trasladan a los consumidores. Aunque alguna parte también termina repercutiendo sobre estos últimos cuando no hay mucha competencia en el mercado.

Es la misma discusión que ha planteado recientemente el presidente Chávez sólo que de manera cantinflesca a propósito de la expropiación de los Almacenes Éxito en Venezuela. Chávez pretende que una cadena comercial, cuyos precios para reponer inventarios se han encarecido en cerca de 40% como consecuencia de la inflación y de la devaluación del bolívar, no ajuste los precios. Es decir, que no trasladen los nuevos precios a los consumidores.

La discusión tiene ahora relevancia en Colombia con motivo del brusco incremento del IVA que se les ha aplicado a las cervezas, a los juegos de suerte y azar y a los cigarrillos de producción nacional para financiar el desvencijado sistema de la seguridad social en salud.

¿Quién pagará estos nuevos impuestos? Evidentemente los terminarán pagando los consumidores vía mayores precios: no los productores ni sus accionistas. Ya, inclusive, algunos de ellos han anunciado incrementos en los precios de sus productos como consecuencia de la escalada en el IVA que se decretó con la emergencia social.

Además: los nuevos tributos (sobre todo por la manera brusca como se decretaron los incrementos del IVA para estos productos de consumo masivo) van a incrementar los contrabandos. El cigarrillo y la cerveza de producción nacional son altamente sensibles a los precios internos. Y en el caso de los juegos de suerte y azar se fomentará la informalidad.

Si los impuestos al consumo se incrementan abruptamente no necesariamente ello conduce a más recaudos tributarios: lo que puede acontecer -como seguramente sucederá en esta ocasión- es que se disparan el contrabando y la informalidad, que no pagan impuestos para la salud de ninguna índole ni generan empleo nacional.
Hay, pues, muchas fantasías en el difícil arte de gravar los bienes de consumo masivo: creyendo gravar a grandes empresas se termina trasladando la carga de los nuevos tributos sobre los hombros de los consumidores. Que normalmente son los más pobres. Con lo cual se llega a la paradoja de que la salud de los pobres la terminan subsidiando no poderosas empresas sino segmentos de consumidores sin mucha capacidad de pago. Es decir, también pobres.

Si el Gobierno quisiera buscar la equidad en la carga tributaria haría mejor en recortar la frondosa enredadera de gabelas y de exenciones tributarias que ha otorgado en los impuestos directos de los más acaudalados. En vez de andar gravando desaforadamente bienes de consumo popular. Con lo cual, irremediablemente, termina recargando el peso de la tributación sobre los más desvalidos.

Tomado de: El Nuevo Siglo, feb. 9 de 2010