6 de noviembre de 2010

De nuevo: el Palacio de justicia....

NOTA: Dada la importancia de los hechos, damos de nuevo a la publicidad este texto, que no deja de sorprender por las verdades que enunció en ese entonces, y que 25 años después empiezan a conocerse. Es un texto de indudable valor.



19 DE DICIEMBRE DE 2009

Palacio de Justicia: aún sin la justicia de la verdad...


NOTA: El siguiente texto, que apareció en el periódico Le Monde Diplomatique, en español, edición para América Latina, fue escrito por alguien cuya firma aparece ilegible para nosotros, por lo que no podemos anotarla. De igual forma, tiene partes muy borrosas. Tratamos de obtenerlo en una presentación más nítida, pero no pudieron conseguírnosla. De todas maneras, la damos a la publicidad por cuanto es la primera vez que se realizaron señalamientos importantes como la destrucción de los expedientes por parte del ejército, y que éste sabía claramente de las intenciones de la guerrilla.

Supuestamente un traidor a la organización, que al parecer en la actualidad goza de gran prestigio gubernativo, se prestó para que la organización cayera en la ratonera que le tendieron las fuerzas del Estado.

El documento no deja de tener errores de apreciación, pero así mismo, aporta elementos críticos importantes. Es un documento valioso, por el hecho de que al parecer primeramente se supo en el extranjero hechos que sólo ahora la tal "Comisión de la Verdad" acepta, pero enmarañándola con algunas falsedades.



Colombia: el largo sueño de la desmesura



"Es ley que nueva sangre
pida la sangre en tierra derramada.
Para vengar la muerte
la voz de Erinnys a la muerte llama,
y al crimen sigue el crimen,
y sigue la venganza a la venganza..."

Esquilo (Las Coéforas)


Cuando los guerrilleros del M19 en una rueda de prensa con corresponsales extranjeros comunicaron que si hubieran sabido que el ejército iba a reaccionar con toda la violencia contra el comando que ocupó el palacio de la Corte Suprema de Justicia no habrían realizado tal operativo, sin proponérselo dejaban al descubierto una gran debilidad de la organización: la política(1). Evidentemente, la reacción que podían tener las Fuerzas Armadas fue menospreciada por el grupo insurgente a la hora del análisis, por algo mucho más grave que un simple error de apreciación. Varios hechos así lo comprueban. EXCELSIOR, 11/11/1985


Los enfrentamientos armados entre el ejército y la organización rebelde habían alcanzado altos niveles de generalización y violencia, y ponían en entredicho la capacidad de los militares para controlar la actividad insurreccional del M19 y sus aliados: el grupo Ricardo Franco (importante fracción de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia FARC), y la organización Quintín Lame. Un somero recuento de hechos ilustran lo que decimos. Los reiterados combates sostenidos en el departamento del Cauca, al sur del país, con decenas de bajas en las fuerzas gubernamentales, significaron igualmente muchas bajas en las filas insurgentes, y en la población civil, víctima de fusilamientos y bombardeos indiscrimanados.


En el departamento del Valle del Cauca, uno de los más importantes del país por su producción industrial y agrícola, se realizaron combates a lo largo de las Cordilleras Central y Occidental. En zonas rurales comprendidas entre Palmira y Tuluá fuerzas rebeldes se enfrentaron al ejército provistas de modernos fusiles y ametralladoras, además de cohetes tierra-aire, bazucas y morteros, para dar respuesta a una ofensiva gubernamental de varios miles de hombres apoyados por helicópteros, aviones, tanques y artillería, que en su acometida causaron igualmente graves daños a los pobladores de la región. Dichos combates tuvieron como particularidad la combinación de guerra de movimientos y posicional durante más de una semana, con la presencia de un importante volumen de combatientes por ambas partes.


El M19 realizó exitosamente una emboscada contra una patrulla militar causando cerca de medio centenar de bajas al ejército, entre muertos, heridos y prisioneros, en lo que puede catalogarse como el más importante operativo de ese tipo realizado en el país durante los últimos veinte años.


Merece destacarse, por sus características militares, el ataque contra el cuartel del ejército en Armenia, capital del departamento del Quindío, en el cual el grupo rebelde causó cerca de cuarenta bajas y destruyó buena parte de las instalaciones y del equipo bélico. Acción que colmó la "paciencia" de los altos mandos militares y fue, por su importancia, muy superior al ataque de Florencia, capital del Caquetá, en la que se buscó neutralizar el cuartel del ejército, no tomarlo. Acompañado todo lo anterior por decenas de otras acciones armadas, como la ocupación de pequeñas poblaciones y el frustrado intento de secuestro contra el comandante del ejército.


Las represalias del ejército y su decisión de destruir la guerrilla no podían desconocerse. Un claro ejemplo de ello fue la forma fría, deliberada y pública, como fueron fusilados once guerrilleros del M19 en las calles de Bogotá, cuando se entregaron a las fuerzas policiales luego de la fallida toma de un camión repartidor de leche.


Además, dicha escalada militar fue acompañada, a su vez, del endurecimiento de las posiciones del ejecutivo, por boca del ministro de gobierno, de los sectores empresariales y terratenientes y de los partidos liberal y conservador. Todo confluía a la conformación de un sólido frente, político y militar, contra el M19 y sus aliados.


Visto lo anterior, era claro que debía preverse una reacción desmedida por parte de las fuerzs gubernamentaltes en caso de que se realizara la toma del Palacio de Justicia. Plan del cual el servicio de inteligencia militar estaba perfectamente enterado desde dos meses antes. Tal situación fue subestimada por el M19 y, supuestamente, por las fuerzas gubernamentales, como parece señalarlo el reforzamiento de la vigilancia durante una semana, para finalmente reducirla a una ínfima guardia. Verdadera invitación, o, en otros términos, auténtica provocación de las Fuerzas Armadas hacia la guerrilla(2).


Algo que difícilmente podrá imputarse al M19, aunque eran bien conocidas las contradicciones entre el poder judicial y el ejecutivo, dada la independencia del primero, es el suponer que su acción desencadenaría un golpe de Estado de un poder contra el otro; que, a la postre, resultó ser el más sangriento de la historia constitucional colombiana(3). Y con grandes secuelas para la justicia nacional, como la desaparición de los expedientes contra los mandos de las fuerzas armadas de Colombia, acusados de torturas, asesinatos y otras violaciones a los derechos humanos; la pérdida de los procesos que se seguían al expresidente Turbay Ayala y su ministro de defensa, así como al Procurador de la República durante el gobierno turbayista.


Igualmente fueros destruidos por las llamas expedientes contra ciuadanos colombianos acusados de narcotráfico, cuya extradición solicitaban los EEUU(4). Sin contar los otros miles de expedientes, de diversas materias, que esperaban solución definitiva en los altos estrados de la justicia colombiana.


Una rápida evaluación de las acciones militares, concomitanes a la toma del Palacio por el grupo rebelde y a la recuperación a sangre y fuego por el ejército, ponen en eidencia tanto la superficial evaluación por parte del M19 como la voluntad genocida de las Fuerzas Armadas. Lo referente a la guerrilla queda en claro, en primer lugar, al observar el tipo de armas que los insurgentes portaron para la toma: armas cortas, fusiles, dos ametralladoras y granadas, todas aptas para tratar de mantener a raya un cordón militar de cerco y control, nunca para enfrentarse a tanques o equipos aéreos, para lo cual, como mínimo se requerían cohetes tierra - aire y armas antitanque. En segundo lugar, el número de insurrectos comprometido en la accción fue realmente insuficiente, si se analizan el tamaño del edificio ocupado, su distribución y relación con los edificios cercanos. De los 41 rebeldes, no menos de 16 eran necesarios para la defensa de las puertas de entrada, lo cual dejaba una exigua cantidad para vigilar el techo, en previsión de un ataque con comandos aéreos, controlar rehenes y mantener a raya a las fuerzas gubernamentales que acordonaron la zona.


Si el M19 pretendió suplir esta deficiencia con acciones armadas desde el exterior, éstas fueron insignificantes: unas nueve bombas y pocas escaramuzas con la policía, que prácticamente pasaron desapercibidas, tanto para las fuerzas represivas como para la población(5). Situación que por sí misma es indicativa de la exigua capacidad militar del M19 en la capital de la República, en efectivos y en mandos.


Por su parte, el ejército colombiano reaccionó con presteza inusual(6); en los primeros momentos, mediante agentes vestidos de civil, para impedir la fuga de los guerrilleros. Cinco minutos después, con la presencia del Batallón de la Guardia Presidencial, efectivos de la policía y agentes del F2, quienes sostuvieron nutrido fuego en espera de refuerzos militares en hombres, tanques artillería y helicópteros.


Una hora y veinte minutos después ya el primer tanque había ingresado al Palacio de Justicia. A las dos horas y media del inicio del operativo, estaban en poder del ejército las dos puertas de acceso al inmueble y la azotea. La guerrilla había quedado en total situación defensiva. A partir de este momento es el ejército quien comanda las acciones: dinamita muros en el sótano y la azotea, ataca con cohetes y tanques en el interior y mantiene la ofensiva. Es total al negativa gubernamental a la petición del presidente de la Corte Suprema de Justicia en el sentido de suspender las acciones y entrar en negociaciones(7). Lo demás es conocido. Es el holocausto: se incendia el edificio en el fragor del combate y 28 horas después de la toma guerrillera el ejército entrega su parte de victoria: todos los guerrilleros eliminados (¿un combate sin prisioneros?), lo cual contrasta con los enfrentamientos en que han caído prisioneros o heridos efectivos gubernamentales, quienes han recibido trato humanitario; once magistrados de la Corte Suprema de Justicia, abogados, empleados, visitantes y militares también muertos.


La cifra total: más de un centenar. La cifra verdadera tal vez nunca se sepa. De los heridos no se conocen las estadísticas. Eso poco importa. El hecho real, escueto, está ahí: el menosprecio por la vida, la arrogancia y la prepotencia de quienes tuvieron en sus manos impedir la masacre. La "defensa de las instituciones" devino en el genocidio contra una de ellas(7).


De parte del gobierno y el ejército es manifiesta la errónea apreciación sobre la voluntad de combate de los guerrilleros, quienes, ampliamente superados en número, resistieron hasta el final(8), doblegados por la desventaja de más de 50 a 1, diezmados por el incendio y la intoxicación. Desde el punto de vista militar, los méritos de las fuerzas gubernamentales son nulos, como lo comprueban, pese a su abrumadora mayoría(9), 28 horas de combate, un alto número de civiles muertos y los irreparables daños causados al poder judicial colombiano. Por ello, suenan irónicas las palabras de quienes han puesto el caso colombiano como ejemplo para el mundo, y se han apresurado a brindar respaldo irrestricto a dicha represión. A nadie escapa que una solución política, firme por parte del ejecutivo, inclusive sin entrar en negociaciones con la guerrilla, hubiera sido una salida más exitosa para el gobierno, y lo hubiera fortalecido.


Un cuidadoso análisis parece indicar que se trató de una acción fríamente premeditada: desde la manera en que se favorecieron los planes de la guerrilla, dejando sin protección apropiada el edificio(10), la permanencia de una vigilancia de civil en los alrededores, con el propósito de obstaculizar la huida de los guerrilleros; la estructuración del aparato militar que intervino, aun con la intervención del batallón de la guardia presidencial, cuya tarea prioritaria es velar por la seguridad del jefe del Estado. Hechos estos que abren sirios interrogantes y que, posteriormente pueden marcar derroteros insospechados si se efectúan investigaciones por parte del Congreso o de la Procuraduría General de la República.


Una de ellas puede referirse al verdadero papel del Presidente, quien pese a abrogarse la responsabilidad por el operativo y sus consecuencias, más parece una víctima de las circunstancias y un instrumento del aparato militar que el comandante de las Fuerzas Armadas. Costo políticio generado por el equívoco manejo de la cuestión militar y de la tregua por parte de Belisario Betancur. Caía por su peso que las concesiones otorgadas a las Fuerzas Armadas en cuantiosos presupuestos; la permanencia los mandos que se distinguieron por su represión durante el anterior gobierno; la obstrucción alas investigaciones que llevaba a cabo la Procuraduría sobre la participación de miembros de las fuerzas de seguridad en el organismo paramilitar llamado MAS, autor de centenares de asesinatos y desapariciones, y el permitir que los mandos castrenses obstaculizaran la tregua y el proceso de pacificación, culminarían en el exagerado predominio de los militares en la conducción de los asuntos del Estado.


Independientemente de cualquier investigación, el desgaste político de Belisario Betancur, que ya era muy grande, será mucho mayor como consecuencia de los acontecimientos del Palacio de Justicia. Ello hará aún más difícil la prosecución de la tregua, y preludia nuevas y terribles oleadas de violencia. Un ejército a la ofensiva y sin control es garantía segura de inestabilidad política. Sitaución que se agrava aun más con la proximidad de las elecciones presidenciael y los escasos ocho (8) meses que le restan a Betancur en el ejercicio del gobierno.


Por su parte, la respuesta de las guerrillas no es difícil de prever. No será sólo el recrudecimiento del accionar armado de las agrupaciones que hasta el momento no se sienten obligadas a respetar la tregua, sino el reinicio por parte de las que hasta ahora se abstenían de hacerlo. Es sólo un problema de tiempo, de conveniencia de los movimientos opositores, o, a no dudarlo, de la agudización de las agresiones por parte del ejército colombiano. Las ilusiones se desvanecen. Ya sólo queda la guerra(11). Al menos, mientras otro gobierno, con suficiente fuerza, reinicie el proceso de paz. Lo cual, en parte, depende del resultado electoral. Otra parte sería un mejoramiento sustancial de las condiciones sociales del pueblo colombiano.


Sin embargo, hay que reflexionar sobre las modalidades inmediatas del accionar armado del movimiento insurgente colombiano. ¿Se limitará a los enfrentamientos directos con el ejército y la policía o buscará efectuar acciones de retaliación contra los altos mandos militares y el aparato civil del gobierno? Al menos es claro que para los revolucionarios no habrá consideración alguna por parte de sus enemigos, quienens no hacen prisioneros: sólo muertos, sin importar que formen parte o no de los aparatos armados. Tales son los casos de los crímenes cometidos, posteriormente a los hechos que venimos comentando, contra Ricardo Lara Parada1 , exdirigente del Ejército de Liberación Nacional (ELN), quien luego de purgar larga condena se había dedicado a la actividad política legal, y contra Oscar William Calvo, dirigente del Partido Comunista de Colombia (Marxista Leninista), miembro de la Comisión Nacional de Paz, designada por el Presidente. Es evidente que los mandos militares están decididos a borrar a sangre y fuego a sus opositores.


Así, lo que para el M19 en sus comienzos fue una acción de propaganda armada y denuncia política contra un gobierno moribundo y en crisis, se transformó un en polvorín político. Gobierno y Fuerzas Armadas, desprestigiados por su acción temeraria y sanguinaria, son colocados en la picota pública; los partidos políticos se escinden aún más por tal motivo, pues mientras unos sectores dieron apoyo irrestricto a la acción del ejército, otros, como el Nuevo Liberalismo, exigieron un tratamiento dialogado; la rama judicial, la Procuraduría y parte del Congreso exigen juicio de responsabilidades, al igual que organizaciones populares(12). El andamiaje del establecimiento se sacude hasta sus bases; incluso, se cuestiona la continuidad de Betancur en el poder.


Igualmente el M19 no sale indemne. Al menos en sus niveles de dirección, tanto por las pérdidas humanas sufridas, como por el desgaste político que implicó diseñar un operativo tan riesgoso en pos de objetivos tan limitados en términos políticos(13). Se impone, en cuanto es una organización revolucionaria, un minucioso análisis de las causas y responsabilidades. Hechos como la toma del Palacio de Justicia, entre otras, no pueden quedar velados por el piadoso manto de las invocaciones nostálgicas a los héroes caídos.


Notas:

(1) EXCELSIOR, 11/XI/81
(2) EL DÍA, 10/XI/85
(3) 10/XI/85
(4) EXCELSIOR, 9/XI/85 Con precipitación producida por el desconcierto, las altas esferas gubernamentales acusaron al M19 de connivencia con la mafia y de efectuar la toma con el supuesto ánimo de eliminar los expedientes establecidos contra los jefes del narcotráfico. Argumento muy socorrido por las autoridades gubernativas a partir de que el ex embajador norteamericano L. Tambs la esgrimió como una provocación contra la tregua. La verdad ha sido otra: quienes provocaron la destrucción de los archivos fueron los militares, y quienes reiteradamante han estado vinculados con el narcotráfico internacional han sido, además de éstos, importantes miembros de los gobiernos de turno, del Congreso y de las esferas económicas del país.
(5) EL HERALDO, 7/XI/85
(6) EL TIEMPO, 7 Y 8 XI/85; LA PATRIA, 7 Y 8 XI/85
(7) LA JORNADA, UNO MÁS UNO, EL ESPECTADOR, 8 y 9, XI/85
(8) Un homenaje al valor combativo de los comandos del M19 lo hicieron, sin querer, las fuerzas armadas gubernamentales, cuando tras la toma final del Palacio, se volcaron sobre las calles de Bogotá en camiones, coches y helicópteros expresando su júbilo al grito de ¡Victoria! ¡Victoria! ¡Victoria!
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
Nota: los demás pies de páginas o de citas no aparecen en el documento fotocopiado que se nos hizo llegar.


1 Posteriormente se supo que este asesinato lo cometió el ELN.
Publicado por COLECTIVO KOESTLER

Quince años sin Gómez


Quince años sin Gómez

Al cumplirse el tercer lustro del asesinato impune de Álvaro Gómez, reproduzco este relato, publicado originalmente en el libro ‘Una semana de quince años’ (Aguilar, 2009).
La mañana del 2 de noviembre de 1995 yo estaba en el tercer piso de la revista Semana, conversando con la periodista María Lucía Fernández, quien se encontraba de visita, cuando llegó la noticia inicial del ataque contra el Presidente del Consejo Editorial de El Nuevo Siglo, a la salida de la Universidad Sergio Arboleda, en el norte de Bogotá. Los dos quedamos pasmados, sin nada qué decir. Yo le tenía un especial afecto a Gómez, pues durante los siete años que trabajé a su lado no sólo tuvimos una magnífica relación profesional, sino que también fue muy deferente conmigo. De hecho, él prologó en 1989 mi primer libro de caricaturas, un tomo dedicado al presidente de la época, Virgilio Barco.

Cuando se confirmó su muerte, mis ojos se llenaron de lágrimas. Que a mí se me humedecieran los ojos, no era noticia, teniendo en cuenta mi estrecha relación con Gómez; sin embargo, cuando minutos después entré a la oficina de Mauricio Sáenz (hoy subdirector de Semana) y lo encontré en las mismas, me estremecí mucho más.

Como suele suceder con la muerte de alguien cercano, la cabeza se me llenó de recuerdos y de anécdotas. Particularmente recordé las visitas que le hice a Gómez en la embajada de Colombia en París, cuando yo estudiaba diseño gráfico en Holanda. Recorrer las calles parisinas con Gómez era como pasear con un guía personal de arte. En compañía suya asistí, en el verano de 1992, a la última exposición que hizo en esa ciudad Luis Caballero (fallecido en junio de 1995). En aquella oportunidad Gómez y yo observamos detenidamente todos los cuadros en gran formato, en los cuales predominaban los colores terracota.

Recordé también que un año antes, cuando murió Carlos Lleras Restrepo, Mauricio Vargas, entonces director de Semana, me pidió que llamara a Gómez y le preguntara si estaría dispuesto a escribir unas líneas o a dar alguna declaración sobre el ex presidente fallecido. En forma muy amable, pero contundente, Gómez se negó y me dijo que le daba pereza escribir una nota elogiando a Lleras, después de que ellos dos no habían tenido una muy buena relación, y que tampoco se iba a poner a hablar mal de un muerto, porque eso era de pésimo gusto.

Cuando me recuperé del impacto del asesinato de Gómez, descubrí que en la Redacción de Semana la noticia había producido un efecto devastador. Todos estaban desconcertados y, conocedores de lo especial que era Gómez para mí, varios compañeros me expresaron su pesar.

De inmediato, tal vez a manera de escape, me fui para el archivo y me di a la tarea de buscar la mejor foto de mi ex jefe y amigo para la portada de la siguiente edición deSemana.

5 de noviembre de 2010

El paramilitarismo inocente

Tomado de elespectador.com
Gustavo Gallón





Por: Gustavo Gallón
UNO DE LOS ENTUERTOS QUE LE DEjó el anterior gobierno al actual es la ilegal situación de los paramilitares dejados en libertad sin ser sometidos siquiera a la llamada ley "de justicia y paz" (Ley 975).

De 31.600 paramilitares supuestamente desmovilizados en forma colectiva, 28.000 pasaron del monte a su casa sin ninguna investigación judicial, con el astuto argumento de que no existía un proceso ni una condena previa en su contra, a pesar de encontrarse en flagrante delito. Un “Comité de Dejación de Armas” (CODA), presidido por el Ministerio del Interior y de Justicia, y con la secretaría técnica del Ministerio de Defensa, les concedía un certificado de desmovilización. Con ese papel, la Fiscalía formalizaba su exoneración de responsabilidad penal por haber formado parte de organizaciones ilegales, como si fuera una simple infracción de tránsito, y no hubiera implicado la comisión de crímenes de guerra y de lesa humanidad.

El Gobierno logró que la opinión percibiera como normal esa amnistía de facto. La Corte Suprema de Justicia anuló en julio de 2007 la exoneración de uno de esos 28.000 casos, al advertir que la Constitución no permite conceder amnistías ni indultos para tales crímenes. Para entonces, 11.000 paramilitares habían ya formalizado su exoneración en la Fiscalía, y 17.000 más estaban en turno. Como si todo se redujera a un problema de trámite, se aprobó una ley para permitir que el Fiscal renuncie a la persecución penal de estos casos, previa declaración jurada del implicado en la que afirme no haber cometido delitos diferentes a la pertenencia al grupo paramilitar, y porte ilegal de armas y uniformes. La ley (1312 de 2009) ha sido demandada ante la Corte Constitucional, y no se ha aplicado todavía, por temor a que sea anulada, pues es un indulto encubierto.

El problema no es de simple trámite. Entre estos 28.000 paramilitares en libertad hay más de uno comprometido en graves masacres, violaciones sexuales u otras atrocidades. No todos ellos son, como se ha querido hacer creer, simples reclutas. Por supuesto que varios de ellos ni siquiera son paramilitares y fueron presentados falsamente como tales, como lo han reconocido algunos cabecillas. Otros son víctimas: niñas y niños vinculados forzadamente al paramilitarismo. Algunos más tienen una voluntad sincera de corregirse y reintegrarse, y el Estado debe apoyarlos en ese empeño. Pero muchos no están en esa situación: siguen siendo paramilitares, o sencillamente están por fuera de los programas de reintegración, sin saldar su deuda con la sociedad ni contribuir a la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición.

El Estado no puede seguir renunciando a su deber de hacer posible tal contribución. Por ello, en vez de alarmar, debe celebrarse que la Fiscalía haya empezado desde junio a librar por fin órdenes de captura contra algunos de estos 28.000 paramilitares, como lo ha revelado la Alta Consejería para la Reintegración. Debería empezar por los ausentes, que son los que no participan en los programas de la Alta Consejería. En todo caso es una oportunidad para que el nuevo Gobierno comience a deshacer los entuertos que en esta materia le dejó el anterior y se oriente hacia el efectivo desmantelamiento del paramilitarismo.

*Director, Comisión Colombiana de Juristas. Las fuentes de esta columna pueden verse en www.coljuristas.org

4 de noviembre de 2010

Monarcas y presidentes


Tomado de elespectador.com
Por: Klaus Ziegler
Álvaro Uribe ha pedido que el proceso que se le adelantará por el caso de las chuzadas se haga público, una demostración de trasparencia tan sincera como podría tenerla Hugo Chávez si exigiera que una investigación en su contra se transmitiera en vivo a través de su programa Aló Presidente.

Uribe puede mostrarse confiado porque sabe que el mecanismo constitucional para responsabilizarlo penalmente es inoperante. En la bien llamada Comisión de “Absoluciones” de la Cámara de Representantes descansan casi 200 investigaciones contra ex presidentes de la República, 185 de las cuales son contra Uribe. Un proceso que debería ser estrictamente jurídico queda viciado de facto al dejarlo en manos de un organismo politizado y desprestigiado como pocos.

Es un sesgo universal considerar que los monarcas, los presidentes y otros altos dignatarios merezcan ser juzgados con un rasero especial. En la antigüedad solo Dios podía juzgar al rey, un atavismo que de alguna manera se conserva en el mundo moderno. ¿Quién puede enjuiciar al Papa por haber encubierto durante años un buen número de casos de pederastia como se comprobó en meses recientes? ¿Y quién a Rumsfeld, o a Bush y sus secuaces por la invasión y destrucción de Irak bajo pretextos fabricados?

El Tribunal de Núremberg sentó un precedente de la mayor importancia al sentenciar a muerte a los criminales de guerra nazis. El principio de universalidad en la aplicación de las leyes es la esencia misma de la justicia, como lo expresó de manera elocuente el juez Robert Jackson en ese juicio memorable: “Si consideramos como delitos determinados actos”, dijo, “estos serán delitos ya sea Estados Unidos o Alemania el que los cometa, y no podemos establecer una norma de conducta criminal en contra de otros que no estemos dispuestos a invocar contra nosotros mismos…”

Este sencillo principio debería ser recordado por todos aquellos dispuestos a exhortar la dignidad de los altos funcionarios para blindarlos con impunidad por sus actos. Y si en Colombia hay mecanismos para asegurar estos blindajes, en otros países existen formas aun más aberrantes de injusticia, como los poderes de clemencia y perdón que el Artículo II de la Constitución de Estados Unidos confiere al Primer Mandatario.
Como los antiguos Césares, el presidente de los estadunidenses puede conmutar la pena de muerte, o absolver al criminal si lo juzga conveniente. Más de 20 000 actos de perdón y clemencia han sido emitidos en Estados Unidos en el último siglo: George Bush perdonó a Elliot Abrams y a otros terroristas involucrados en el affair Iran-Contra. Y Gerard Ford le garantizó a Richard Nixon el perdón total e incondicional, incluso antes de ser acusado formalmente de espionaje.

Y si los poderes de clemencia y perdón son un salto atrás inconcebible, las prerrogativas de las que todavía gozan algunos monarcas son un arcaísmo intolerable en una sociedad civilizada. Resulta incongruente que se quiera respetar la Declaración Universal de los Derechos Humanos, bajo la cual todos nacemos libres e iguales en cuanto a dignidad y derechos, y que a la vez algunos personajes parasitarios como la reina de Inglaterra reciban anualmente un millón de libras para sus gastos personales y sin embargo pague sus impuestos en forma voluntaria. O que el rey de España goce de prerrogativas como la de “inviolabilidad”, que hace que no pueda ser ni juzgado ni detenido; además de la facultad de disfrutar de un presupuesto Real que suma más de trece millones de euros al año solo por andar fungiendo de embajador y colgando medallitas.

En una democracia, los altos funcionarios deberían ser los primeros llamados a responder cuando se sospeche que han incurrido en conductas punibles o faltas disciplinarias. Nada más contrario al principio universal de justicia que la inmunidad diplomática o el hecho de que existan tribunales “especializados” en investigar sus acciones. Si la justicia ha de tener alguna credibilidad, es imperativo que sean las altas cortes en pleno, o en su defecto un tribunal internacional verosímil, los encargados de conducir las investigaciones correspondientes.

En los últimos dos gobiernos, la cercanía al Primer Mandatario se convirtió en verdadera patente de corso. Algunos de los implicados en los innumerables escándalos, no solo se han mofado de la justicia, sino que han sido premiados con embajadas y otras recompensas políticas, mientras que otros acusados de faltas graves a lo sumo han sido inhabilitados para ejercer su cargo, máximo castigo para quienes gozan de la simpatía del ex Presidente y su Procurador.

La lógica elemental dicta que entre los sospechoso de un delito, el más probable es quien más beneficios deriva del mismo. No obstante, ocho años de un gobierno mañoso, histriónico y manipulador, aunado a la falta de independencia de algunos medios de comunicación, lograron crear en la población tal nivel de disonancia cognitiva, que no sería extraño que muchos colombianos terminaran creyendo que una compleja y gigantesca operación de espionaje y difamación haya sido iniciativa personal de algún oscuro secretario, o quizá del encargado de servir los tintos en la Casa de Nariño.

2 de noviembre de 2010

Dilma y Obama









Por Isaac Bigio

Brasil y EEUU son las 2 naciones más pobladas de Occidente. Ambas eligen a sus mandatarios por un periodo de 4 años y con derecho a sola una re-elección.

Hoy éstas culminan sus respectivos procesos electorales. Mientras Brasil eligió el domingo a su primera presidenta, el martes los EEUU tienen sus primeras legislativas en medio del mandato de su primer presidente negro.

De todas las diferencias que hay entre los comicios de ambos gigantes americanos hay 2 que queremos resaltar.

Una es que los dos van en direcciones ideológicas opuestas. Mientras en Brasil el gobernante Partido de los Trabajadores se consolidó tras 8 años en el poder y aumentó sus escaños parlamentarios, en EEUU la administración del Partido Demócrata a solo 2 años de estar en la Casa Blanca ha de perder congresistas. Si la derecha brasilera sigue a la defensiva y hasta se mimetiza como ‘socialdemócrata’, la estadounidense se encuentra a la ofensiva.

La otra es acerca del distinto peso que tienen sus respectivos mandatarios. Obama y Dilma son los primeros presidentes de su respectiva nación que hayan sido de una raza o de un género distinto al común.

De las 5 repúblicas americanas más pobladas EEUU es el único que ha electo a un negro como su gobernante, mientras que hasta hoy Argentina era la única que tiene una mandataria. Es más, Argentina es el único país del mundo que ha tenido dos presidentas directamente electas (una Isabelita como vice y la otra, Cristina, como cabeza de plancha). A pesar del sufrimiento que hoy la Kirchner debe tener porque en la víspera de esas 2 elecciones su marido falleció, ella hoy se posesiona como la primera presidenta que puede apuntar a ser re-electa.

Dilma obtuvo 55,752,483 votos con lo cual se convirtió en la mujer más votada de la historia. Sin embargo, por poco ella no ha superado a Lula (quien en el 2006 obtuvo 58,295,042 votos) como la persona que más apoyo electoral ha tenido en su país. El 56% de votos que ella ha sacado es un 5% inferior al 61% que su mentor obtuvo en las 2 anteriores veces que él llegó a la presidencia (2002 y 2006).

En el 2002 cuando Lula debutó en el poder él se convirtió en el presidente más votado del mundo, pues los 52,772,475 votos que obtuvo en el 2002 eran más que los 50,456,002 de éstos con los que Bush había llegado en el 2000 a la Casa Blanca.

En el 2004 Bush por primera vez sacó más votos en su país que su rival demócrata y también que Lula. Cuando ambos fueron re-electos el republicano de EEUU obtuvo 62,040,610 votos mientras que el ex sindicalista brasilero sacó 58,295,042 votos.

Obama, en el 2008 él fue electo con 69,456,897 de votos, 10 millones más que los de su adversario (McCain) y 14 millones más que los de la presidenta entrante del Brasil.

Pese a que Obama es hoy el humano más votado de la historia y a esa gran ventaja electoral inicial él no será capaz de traducir ese capital en victoria en las legislativas de medio término, lo cual, en sí es otra diferencia con la dupla Lula-Dilma.

31 de octubre de 2010

¡Ya me tenís chanchito! (2)






Mi querido amigo Yves me hace notar algunas fisuras de mi magistral diatriba “¡Ya me tenís chanchito!”: algunos malos escritores sí se merecen el Premio Nobel y el premio, a su vez, se los merece.

Estoy en un todo de acuerdo con el desacuerdo de Yves. Es verdad que en el furor de mi diatriba no quise ver todas las caras del prisma y solamente fijé mi cólera en la arrogante presunción de la Academia sueca de autoerigirse en Corte Suprema de la literatura universal.

Rige en estas latitudes una ley inapelable que se llama “Ley Jante”, que se resume en los siguientes mandamientos:

  1. Du skall inte tro att du är något (No vayas a creer que eres algo).

  2. Du skall inte tro att du är lika god som vi (No vayas a creer que eres tan bueno como nosotros).

  3. Du skall inte tro att du är klokare än vi (No vayas a creer que eres más sensato que nosotros).

  4. Du skall inte inbilla dig att du är bättre än vi (No vayas a creer que eres mejor que nosotros).

  5. Du skall inte tro att du vet mer än vi (No vayas a creer que sabes más que nosotros).

  6. Du skall inte tro att du är förmer än vi (No vayas a creer que eres más importante que nosotros).

  7. Du skall inte tro att du duger till något (No vayas a creer que sirves para algo).

  8. Du skall inte skratta åt oss (No te vayas a reír de nosotros).

  9. Du skall inte tro att någon bryr sig om dig (No vayas a creer que alguien se preocupa por ).

  10. Du skall inte tro att du kan lära oss något (No vayas a creer que tú nos puedes enseñar algo a nosotros).

Es en cumplimiento de esa ley inviolada e inviolable que se han establecido los cimientos de ese pomposo ritual por el que, cada año, se renueva el principio dogmático de una superioridad racial e intelectual que, precisamente por ser dogmático, no necesita demostración. Vistas las cosas desde esta perspectiva, el otorgamiento del codiciado premio a personajes dudosos o mediocres refuerza y consolida la autoridad del Tribunal Supremo tanto como la concesión del diploma a verdaderos genios de la literatura: lo que interesa, en ambos casos, es la ratificación de la potestad de juzgar y de dictar sentencias inapelables, no importa cuán absurdas sean. Hay en esa ceremonia algo de aliento divino, olímpico, como una emanación del Consejo de los Dioses, que se extiende como un manto de imposición imperial sobre las muchedumbres absortas de lectores. Diría más: las sentencias injustas, bien administradas, fortalecen y consolidan el poder arbitrario del juez (y su prestigio), del mismo modo que otorgar a un caballo el título de Cónsul certifica dramáticamente el poder absoluto de Calígula.

Pero el prisma tiene otras facetas y otras aristas: los premios se negocian, se niegan, se retrasan, se dosifican, según cálculos y conveniencias que a los ojos del gran público se presentan como designios insondables. Mark Twain es condenado al rincón de los olvidados, en apariencia porque es “solamente” un humorista (¿como Cervantes, tal vez?), pero en realidad porque es un socialista que denuncia las horrendas masacres, mutilaciones y torturas a que está siendo sometida la población del Congo por parte del rey Leopoldo de Bélgica, con la ayuda entusiasta de mercenarios suecos y de todas las monarquías europeas. Por la misma razón será castigado con la indiferencia y el desprecio Józef Teodor Konrad Nalecz Korzeniowski, más conocido como Joseph Conrad, autor de “El corazón de las tinieblas”, que es el corazón del Congo. Otro socialista, August Strindberg, será repudiado a causa de sus irreverencias, en especial por su terrible libelo “Det Nya Riket” (“El Nuevo Reino”), feroz requisitoria contra la sociedad sueca reaccionaria, aristocrática, hipócrita y farisea de la segunda mitad del siglo diecinueve. Una Academia germanófila y racista rechazará sistemáticamente a Sigmund Freud y a otros notables escritores judíos, entre los que sobresale Franz Kafka. Proust será “decadente”, James Joyce “degenerado”. Ninguna de estas afrentas contra la literatura universal obedece a la ignorancia o a la incompetencia de los académicos, no. Ellas son fruto de la prostitución política de la Academia.

Sobre este trasfondo, los aciertos han servido para darle brillo y esplendor al premio. Bien miradas las cosas, no han agregado más brillo y esplendor a los premiados. Y es por esta razón que resulta bizantino discutir si los premiados “merecían” o “no merecían” el galardón. Discutir los merecimientos de los agraciados es legitimar la impostura del tribunal.

Vivimos en una época sombría pero ya se vilsumbran destellos de lucidez: los habitantes de este planeta comienzan a cuestionar viejos valores, tradiciones obsoletas, conceptos retrógrados. La “Ley de Jante” comienza a tambalearse y el simple y sencillo ciudadano del mundo comienza a decirse a sí mismo:

Sí, soy algo;

sí, soy tan bueno como cualquiera;

sí, soy más sensato que los jueces prevaricadores;

sí, soy mejor que los detentadores del poder;

sí, sé más que los sabihondos arrogantes;

sí, soy más importante que los fatuos;

sí, yo sirvo para algo noble y justo;

sí, me río de los imbéciles solemnes;

sí, millones de mis prójimos se preocupan por mí

y yo me preocupo por ellos;

sí, yo puedo enseñar algo

a quien quiera aprender algo nuevo;

sí, yo conozco el valor de mi dignidad

inalienable e intransferible.

Vengo del corazón de las tinieblas

y voy hacia el corazón del mediodía.

Carlos Vidales

Estocolmo, 2010-10-19


Y ahora, como muestra de los grandes aportes culturales de Suecia, y obvio, de toda Europa, aquí un registro fotográfico...


¿Admirable aporte cultural? Europa... la gran puta universal...