13 de julio de 2011

Sobre las andanzas de Hugo Aguilar y sus amigos...


Oficial acusa a Óscar Reyes de integrar grupo en deuda con AUC
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Tomado de Elespectador.com

Dice que, cinco años después de que el excongresista fungiera como secretario de Gobierno de Santander, entiende que ese Gobierno parecía al servicio del grupo armado.

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El coronel Julio César Prieto, quien comandaba el Batallón Luciano D’elhuyar, dijo que hoy entiende que cuando el excongresista Óscar Josué Reyes era secretario de Gobierno de Santander lo hacía como parte de una administración que le debía mucho a las Autodefensas.

Señaló que incluso el diputado Jaime Díaz le ofreció trabajar para los paramilitares, con un sueldo de 40 millones de pesos y cinco bajas por mes, pero que como él se negaba, se organizaban reuniones en las que se le recriminaba por supuestos abusos contra la población que, cree, eran solo una retaliación por su actuación decidida para enfrentar a las paras.

“Usted está muy chiquito, es una ficha que se puede cambiar; no joda más”, le dijo el entonces secretario Reyes en una de esas reuniones, según relató el propio coronel ante la Corte Suprema de Justicia. Para él, señalamientos como éste, sumados a otros hechos irregulares, demuestran que la administración de Hugo Aguilar al frente del departamento, de la cual hacía parte el excongresista, sí buscaba devolverle favores a los tantos frentes que operaban en san Vicente del Chucurí, zona de influencia del Batallón comandado por el militar.

Manifestó que él le señaló abierta y claramente a Reyes que la presencia de los paramilitares en varias poblaciones era tan notoria y tan imponente para la población quehabían montado un peaje del cual obtenían cuantioso ingresos; pese a estas denuncias, precisó, no vio ninguna actuación por parte del secretario de Gobiernopara evitar que siguiera en funcionamiento tal esquema de acopio de dineros abusivo.

Señaló que entendió que Reyes no era tan transparente desde que le hizo la advertencia de su posible salida de la zon
a donde operaba el Batallón a su cargo y el posterior consejo de seguridad en el que convencieron al entonces presidente Álvaro Uribe Vélez de promover su traslado.

El oficial Prieto manifestó que él nunca fue testigo de encuentros o acuerdos de paramilitares con Reyes y otros dirigentes de la región, pero que sabe que en los siete municipios donde hacía presencia no se movía una hoja sin que las Autodefensas lo autorizaran, por cuanto entiende que quien ejerciera la actividad política allí lo lograba era gracias al aval del grupo armado ilegal.

Eran abundantes los testimonios acerca de las relaciones de los dirigentes con ellos, dice, precisando que el desmovilizado Juan Fernando Morales Ballesteros dijo haber visto al excongresista en una reunión con las AUC, con miras a la pugna por la Gobernación, de la que finalmente hizo parte.

11 de julio de 2011

El futuro de la Constitución





Los interrogantes del futuro
Por Eduardo Sarmiento
Tomado de: http://www.elespectador.com/

Luego de la aprobación de la Regla Fiscal y de las conmemoraciones de los 20 años de la Constitución surge el interrogante sobre el futuro.


Si bien los derechos fundamentales recibieron el reconocimiento unánime de representar el avance más importante con respecto a las Cartas anteriores, los debates no llegaron lejos en la evaluación de las realizaciones. En particular, no se esclareció, porque en las dos décadas que siguieron a la Constitución la pobreza se mantuvo cerca de 50%, el desempleo y la informalidad aumentaron y la distribución del ingreso llegó a ser una de las más desiguales del mundo.

La explicación la presenté en un artículo reciente: los principios y criterios sociales de la Constitución fueron suplantados por el modelo neoliberal que se inició en la misma época a todo vapor y ha dominado el espectro de la vida nacional.

La ilustración más clara está en la salud y en la educación, donde el espíritu de fondo de la Constitución fue vulnerado por el acto legislativo de 2002, que congeló las transferencias regionales. En los últimos diez años los gastos correspondientes a los dos rubros en términos del ingreso per cápita bajaron cerca de 20%.

El recorte ha sido traumático. La partida asignada a los pacientes del sistema subsidiado no ha permitido actualizar el POS y ha obligado a que los servicios especializados se obtengan por la vía de las tutelas. Si a esto se agregan las prácticas monopólicas de las EPS para apropiarse de los recursos públicos y deprimir los servicios, no es posible cumplir el mandato de la salud universal. Y no se ha entrado en razón. La ley de la reforma de salud aprobada al final del año pasado mantiene la misma estructura en el intento de salvar las EPS.

Algo similar sucede en la educación. Las bajas apropiaciones han afectado tanto la calidad como la cobertura. La situación más grave se presenta en la educación superior. Los estudiantes que culminan el bachillerato con títulos debidamente certificados no tienen acceso a la formación superior por la carencia de cupos en las universidades públicas o por la imposibilidad de cubrir las matrículas de las privadas. Los fondos destinados a la educación pública apenas permite el acceso de 800.000 estudiantes.

En lugar de elevar la apropiación presupuestal para aumentar la cobertura de la universidad pública, el Gobierno proclama el ánimo de lucro en la educación. Se equivocan. El afán de ganancia no induce a los inversionistas a destinar becas y financiar a los estudiantes. Tal como ocurrió en la salud, los esfuerzos se concentrarán en las áreas que les permitan cargar matrículas por encima de los costos o bajar la calidad.

Es claro que la privatización es un esguince para eludir los derechos fundamentales. Así, las EPS sirvieron de escudo para incumplir el mandato de la salud universal. Del mismo modo, la privatización de la educación es una disculpa para incumplir el derecho a la formación superior. Lo grave es que el panorama se tornara más gris con la Regla Fiscal, que interferirá con los fallos de la Corte Constitucional y las tutelas. Tal como quedó en el reciente acto legislativo, constituirá otra excusa para no cumplir o postergar los derechos fundamentales consignados en la Carta.

El país no puede llamarse a engaño. La privatización y la limitación de recursos representaron un severo impedimento para la realización de los derechos fundamentales de la salud, educación y trabajo. Su cumplimiento en el futuro está condicionado a un modelo que propicie una estructura productiva que asegure el empleo bien remunerado a toda la población y frene las ganancias del capital, al tiempo que formalice una organización social que le dé prioridad a la equidad sobre la eficiencia.