24 de noviembre de 2011

Sobre eso que llaman educación...

Por Koestler








Pensar sobre la educación parece en momentos un tiempo perdido. Por un lado, los padres de familia (incluyen las madres), se desentienden olímpicamente del asunto. Creen que su compromiso es inscribir a los hijos en un centro educativo y luego, comprar los utensilios.

Para muchos de ellos no importa la calidad del centro educativo y mucho menos lo apoyan. Simplemente quieren quitarse de encima a sus hijos y que no los incomoden con tareas. Llegan al cinismo de ir a los centros educativos (Colmercedes y escuelas adjuntas, y en centros privados) a protestar porque le exigen "demasiado" a sus hijos en el estudio. Esos padres necesitan el tiempo libre para ver telenovelas o realitys y quieren que sus hijos permanezcan en la calle para que no los incomoden.

Por otra parte, "veedores" de la comunidad se preocupan más porque en el colegio le vendan a sus hijos refrescos de cierta marca en vez de estar atentos a la calidad educativa (al fin y al cabo con justa razón, pues no entienden el problema y sólo se meten a ocupar cargos por afán de figurar o por intereses personales inconfesables). Así mimso, los administradores municipales toman como tarea educativa "purgar" de profesores no afectos a los educadores existentes, y colocar en su lugar a otros, así su calidad como profesores deje mucho qué desear. De los concejales, ni hablar.

En cambio, en el escenario departamental, la cosa es... igual o peor. Auténticas mafias se han apoderado de la educación, y en momentos, lo han hecho los paramilitares. Los profesores creen que su derecho al trabajo se garantiza con una falsa solidaridad de cuerpo y apoyan a elementos que no deberían estar en un centro pedagógico.

En el plano nacional, mientras los estudiantes en su lucha muestran una sincera preocupación, de parte del estamento gubernamental se dan el lujo de ofrecer una mísera imagen de ingnorancia y mediocridad, como la de la Ministra de educación, quien quiso desconocer a los estudiantes por no leer la ley, cuando éstos en conocimiento y fortaleza intelectual la superan ampliamente. Hasta el grado de que ella sea incompetente para asumir la vocería estatal. Del congreso... ni hablar. Para las meras vergüenzas.

En el campo estudiantil una cosa son los del MANE (Mesa Amplia Nacional Estudiantil) y otra los manes (para usar la jerga que tanto gusta a algunos) radicales de la UIS. Los primeros cuentan con líderes de amplia trayectoria académica -doctorados algunos de ellos (pero no doctorados de los que se dan a los abogados como nuestro personero), con un vasto y profundo estudio sobre la educación nacional y a nivel mundial, sobre su relación con el desarrollo de los países y su importancia en la democracia. En fin, una nueva clase de líderes: preparados, inteligentes y con visión de país, que difieren totalmente de los liderazgos espúreos que ejercen nuestros políticos.

A su vez, nuestros manes, los radicales de la UIS, sólo se preocupan por el tropel y las posiciones radicales, por memorizar consignas que repiten sin ton ni son y han promovido, sin quererlo, porque su análisis no les permite ver las consecuencias de sus actos, la suspensión de clases y la dispersión estudiantil, y la consecuente apatía. Dicen odiar al rector, pero lo apuntalan con su accionar.

Nos preguntamos: ¿qué hacer?







Como un material de estudio sobre la problemática educativa, el artículo siguiente del Dr. José Fernando Isaza.


Tomado de elespectador.com 23 Nov 2011 - 11:00 pm
José Fernando Isaza

Dados cargados

Por: José Fernando Isaza

Una condición para que un Estado se llame democrático es la igualdad de oportunidades que se dé a los ciudadanos.

La educación es uno de los medios para buscar la equidad social y permitir que la clase dirigente o las élites se renueven permitiendo que a los altos cargos del Gobierno y del sector privado se llegue por calidades éticas y académicas y no sólo por herencia.
En Colombia estamos lejos de tener un sistema educativo que no discrimine en contra de los más necesitados. Se juega con dados cargados en favor de consolidar privilegios. La calidad de la educación básica y media ofrecida en los colegios oficiales es bien inferior a la media de los colegios privados. Algunos tienen precios de matrícula que sólo pueden sufragar las clases económicas altas. Los valores superan el millón mensual, a lo cual hay que adicionar los bonos y donaciones. Por su parte, el Gobierno destina por año, y por estudiante, menos de lo que los colegios privados de alta calidad cobran en un mes.
De acuerdo a la revista Dinero, de las 12.273 instituciones evaluadas por el Icfes en el 2011, el 64% son oficiales, el 36% privadas. Cuando se analizan los 800 con mejores resultados, sólo hay 56 públicas, el 7%; más preocupante aún, entre los 200 primeros colegios sólo hay dos establecimientos oficiales, de éstos el mejor clasificado ocupa el puesto 67 y el otro el 147.
Hace unos años le escuché a Bernardo Toro la siguiente reflexión, que bien puede llamarse la “parábola del agua”. En una ciudad, ante la tradicional insuficiencia de recursos, se requiere hacer un acueducto. El Gobierno propone, para reducir costos, que a los barrios ricos se les suministre agua tratada de óptima calidad, pero los sectores populares sólo obtienen un servicio no continuo y de agua no potable. Es claro, la sociedad rechazaría indignada la propuesta. Sin embargo, esa es la política que se sigue en la educación. Ante la limitación de cupos en las universidades públicas, sólo pueden acceder los que tengan los mejores resultados en las pruebas del Icfes que no corresponden a los colegios oficiales. El crédito de Icetex permite que en la educación terciaria privada la matrícula de los estudiantes de estratos 1 y 2 sea el 22% del total. En el 2009, la cobertura en educación superior, incluyendo Sena, técnicos, tecnológicos, etcétera, o mejor educación postsecundaria, alcanzaba el 22% en los estratos 1 y 2 y 79% en los estratos 5 y 6. Es decir que los sectores socioeconómicos que más requieren de la educación superior, una forma de movilidad social, tienen 3,6 veces menos probabilidad de acceder a ella que los sectores de mayores ingresos.
El gasto público en la educación superior contribuye a la mejora de oportunidades para los más necesitados. El 88% de los estudiantes de la universidad pública pertenece a los estratos 1, 2 y 3, el 3% a los estratos 5 y 6. La Universidad Nacional, altamente selectiva por el nivel académico, tuvo, en el 2009, el 78% de sus graduados en los estratos 1, 2 y 3, mientras que el 2% pertenecía a los estratos 5 y 6.
Si se quiere avanzar en equidad se requiere aumento sustancial de recursos para la universidad pública, adicionalmente al subsidio a la demanda con recursos presupuestales, que permita al Icetex ofrecer crédito con tasas, aún negativas para quienes quieran estudiar en universidades privadas por decisión propia o por insuficiencia de cupos en las públicas.
*Rector Universidad Jorge Tadeo Lozano.

22 de noviembre de 2011

Ahí va el ladrón...

El gobierno del Dr. Santos borra con el codo lo que escribe con la mano. En varios temas: en lo de la justicia peñal militar, que es de lo más grave. Si a conciencia de que los crímenes de lesa humanidad serían revisados por la justicia ordinaria, fuerzas del ejército, DAS, Fiscalía y de la policía cometieron infinidad de crímenes directamente o en asocio con los paramilitares, ¡cómo será si dejan que los militares juzguen a los militares! Eso será como la experiencia de los curas protegiendo a los curas pedófilos: para guardar la imagen sacrosanta de la iglesia o del ejército, aplicarán lo del tapen, tapen.

Lo de Mapiripán es diciente. De entre los 49 asesinados que la Corte Interamericana ordenó indemnizar dos no resultaron muertos sino que fueron unos vivos. En el amplio sentido de la palabra. Los datos de los asesinados los suministró... adivinen quien... el mismo Estado, la Fiscalía. Pero le echan la culpa a los abogados que defendieron a las víctimas. Y quieren, con un caso de dos personas, ocultar la responsabilidad del ejército, la policía y demás organismos del gobierno en los crímenes contra la humanidad. Lo mejor de todo es que con análisis posteriores de la Fiscalía, los muertos supuestamente son más de 70, pero esta cifra no la muestra el gobierno del Dr. Santos.

 La realidad está ahí, los criminales son otros, los que precisamente ahora quieren proteger con el grito de ¡ahí va el ladrón!

 

 

 

Tomado de: Elespectador.com   21 Nov 2011 - 11:00 pm

Rodrigo Uprimny

Mapiripán y la culpa del Estado

Por: Rodrigo Uprimny

Algunas personas indemnizadas por la sentencia de la Corte Interamericana por la masacre de Mapiripán resultaron no ser víctimas.

Algunos quieren entonces usar ese hecho para atenuar la responsabilidad del Estado colombiano en esa terrible masacre y atacar la labor del Sistema Interamericano y de las organizaciones de derechos humanos.Es grave que alguien se presente fraudulentamente como víctima en un proceso judicial. Eso ocurrió en el caso de la señora Mariela Contreras quien, representada por el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, obtuvo una indemnización por la supuesta desaparición de sus dos hijos en esa masacre. Pero sus hijos aparecieron ulteriormente.
Ese fraude es inaceptable, pero del mismo no se desprende que la masacre no haya existido, o que el Estado colombiano no tenga responsabilidad, o que el Sistema Interamericano y el Colectivo hayan actuado tramposamente.
La masacre existió y fue terrible. Del 15 al 20 de julio de 1997, unos 100 paramilitares de las Auc controlaron Mapiripán y asesinaron y descuartizaron a todos los que consideraban cómplices de la guerrilla. La crueldad fue extrema. Así, José Rolán Valencia fue decapitado y su esposa Marina Sanmiguel tuvo que arrastrar con una mano su cuerpo y con la otra su cabeza para unirlos y poder sepultarlo completo.
La responsabilidad del Estado quedó además totalmente establecida. Los paramilitares volaron desde Urabá y aterrizaron en el aeropuerto de San José del Guaviare, dos zonas fuertemente militarizadas. Y se desplazaron sin problema hasta Mapiripán y durante cinco días aterrorizaron a la población. Ni la Brigada Móvil II ni la Brigada VII, que estaban en la zona, intervinieron, a pesar de que habían recibido información sobre la incursión. Por ello la Corte Interamericana concluyó que la masacre fue ejecutada “con la colaboración, aquiescencia y omisión de miembros del Ejército”.
El número de víctimas nunca se ha podido establecer, pues muchos cuerpos fueron descuartizados y botados al río Guaviare. Esa incertidumbre hizo que la Corte le ordenara a Colombia hacer todo lo necesario para identificar a las víctimas ejecutadas y desaparecidas en Mapiripán. Pero es claro que son decenas. La Corte habla de aproximadamente 49 víctimas, recogiendo la cuenta hecha por Carlos Castaño, quien reivindicó esa masacre como un gran triunfo.
Si algún día llegamos a precisar el número de víctimas, puede que sea menor. Pero puede ser mayor pues la Fiscalía ha encontrado evidencias de otras víctimas. Pero incluso si el número baja un poco, no por ello la culpabilidad del Estado o de los posibles victimarios se vería menguada, pues una cosa es la responsabilidad por la masacre, que es clara e incontrovertida, y otro el debate sobre quiénes fueron las víctimas a ser reparadas, que está inconcluso.
Esta responsabilidad fue además reconocida por el propio Estado en el proceso ante la Corte Interamericana, en donde aceptó los hechos y expresamente presentó una lista de víctimas, que incluye a todos los familiares de la señora Mariela Contreras. Por su parte, el Colectivo de Abogados le creyó de buena fe a la señora Contreras, como también le había creído la Fiscalía, quien recibió su testimonio y lo usó en sus investigaciones. ¿En dónde están entonces las trampas del Colectivo y del Sistema Interamericano?
Los fraudes que cometan las víctimas falsas deben ser investigados y sancionados. Y si algún abogado es cómplice de esas trampas, debe también ser castigado. Pero esos inaceptables engaños no deben servir para ocultar el sufrimiento de los millones de víctimas reales que hay en Colombia, ni para minar la legítima labor del Sistema Interamericano y de las organizaciones de derechos humanos.
*Director del Centro de Estudio DeJuSticia (www.dejusticia.org) y profesor de la Universidad Nacional.


20 de noviembre de 2011

Mamerías en política: la hora de abrir los ojos...









Por Acidonitrix



Pachito Santos... al desnudo

En aspectos de opinión vale la pena resaltar o, mejor, felicitar, al propuesto comandante del Bloque Capital de las AUC -aunque él mismo, siempre tan modesto niega tal honor- el jefe de noticias de RCN (Radio Casa de Narquiño), don Cachito Santos por su original propuesta de tratamiento al problema estudiantil: electrocutar a los estudiantes con descargas de 50.000 voltios para llevarlos mansitos a la cárcel y acabar con el desorden de pedir educación gratuita, cobertura universal y calidad educativa.

¡Cómo añoran algunos los modales de Carlos Castaño y sus motosierras!


Los neoparapolíticos 

Poco a poco se descubre que la fiebre parapolítica y de crímenes de Estado -o de falsos positivos- no se encuentra controlada en la cárcel sino viva en el Congreso. Para ejemplo, la reflexión que hace María Jimena Duzán en la revista Semana. No se la pierdan.


El diálogo con los animales

El presidente Juan Manuel Santos, con su sorna característica miente cuando dice que el expresidente Uribe no le contesta las llamadas que le hace. Lo que pasa es que en Palacio se confunden cuando suena el teléfono en El Ubérrimorebuzno pues creen que se están burlando de Santos. Nada de eso. No se burlan. Es que contesta un burro... con su característico rebuzno.